La Audiencia Nacional falla contra la empresa Atento por vulnerar los derechos de 861 mujeres con reducción de jornada

La Audiencia Nacional falla contra la empresa Atento por vulnerar los derechos de 861 mujeres con reducción de jornada

La Audiencia Nacional ha anulado una reorganización laboral ejecutada por Atento, una empresa de marketing contratada por Telefónica que cuenta con 2.789 empleados, al estimar que vulneró el derecho a la igualdad y a la no discriminación por sexo de 861 trabajadoras que tenían reducción de jornada por cuidado de hijos o, en algunos casos, por razones de violencia de género.

Además, el tribunal entiende que la compañía “no negoció de buena fe” con los representantes de los trabajadores, no aportó la documentación pertinente, no debatió sobre la situación de las empleadas “en materia tan delicada” y obstruyó las razones por las que quería aplicar la medida a las trabajadoras con jornada reducida por guarda legal o violencia machista.

Por razones de productividad, la empresa pretendió modificar las condiciones de trabajo de atención al público partiendo en dos la jornada de los empleados y empleadas que la tenían reducida y mantuvo su idea pese a las cinco reuniones celebradas con sindicatos en ocho comunidades autónomas durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. Sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, firmada el pasado lunes 13 de febrero, dictamina que hubo una “falta absoluta de criterios selectivos, especialmente para trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de género“, sostiene que durante el periodo de consultas la empresa se negó a negociar la situación de las trabajadoras con reducción de jornada, estima la demanda de los sindicatos y ordena eliminar el cambio acometido por la empresa.

“Es muy significativo el pronunciamiento del juez sobre la actuación de la empresa hacia sus empleadas y el derecho a la conciliación, porque, aunque no estaba obligado a hacerlo, ya que había decretado la nulidad por causas formales, el ponente apercibe a Atento por actuar con mala fe en una negociación laboral donde hay circunstancias como el cuidado de hijos o mayores dependientes y medidas de protección por violencia de género”. Lo dice la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que también está implantada en el sector privado, y es una de las 10 organizaciones sindicales que demandaron a la empresa subcontratada por Telefonica.

Cambio de horario de atención al público

El conflicto arranca el 30 de septiembre de 2016, cuando Telefónica informa a Atento de que a partir del 14 de noviembre va a reestructurar el horario de “atención al gran público” circunscribiéndolo de 9.00 horas a 22.00 horas. Diez días después, el 10 de octubre, Atento comunica a las secciones sindicales estatales y los comités de empresa de los centros de trabajo de Barcelona, Bilbao, Córdoba, A Coruña, Jaén, León, Lleida, Madrid, Sevilla, Toledo y Valencia su intención de acometer una “modificación sustancial” de condiciones de trabajo en materia de jornada, horarios y sistema de libranza que afectaría inicialmente a un millar de trabajadores invocando causas productivas y organizativas, según la sentencia.

Durante ese periodo de consultas entre empresa y sindicatos, 39 hombres y 861 mujeres tenían jornada reducida por guarda legal o violencia de género y otras 84 peticiones de reducción de jornada fueron suspendidas por Atento.

Tras cinco reuniones entre la empresa y los sindicatos, Atento comunica que ejecutará la medida a partir del 14 de noviembre, fecha que había fijado Telefonica.

Los 10 sindicatos presentaron una demanda de conflicto colectivo, razón por la que se enfrentaron a la empresa en la Audiencia Nacional. Mientras los representantes de los trabajadores adujeron discriminación y no justificación de la modificación en razones productivas, la compañía aseguró que sí negoció, que lo argumentó, que aportó documentación, que ofreció pactos individuales e incluso que Telefónica había comunicado sus reducciones de servicio a otros proveedores y que éstos habían llegado a acuerdos.

Falta de información

Sin embargo, la sentencia afirma que Atento se limitó a dar información cuantitativa siendo exigible una cualitativa. “Atento decidió ahorrarse la elaboración de una memoria, para que los representantes de los trabajadores pudieran comprender los problemas y las soluciones, y de un informe técnico que acreditara la concurrencia de los cambios organizativos”, escriben los tres magistrados.

La sentencia es tan dura con la compañía que subraya que no sólo no explicó las fuentes de sus datos, sino que “tenía más interés en convencer al tribunal que a los representantes de los trabajadores”. Y remata asegurando que Atento dio a los sindicatos información “ingente”, pero “sin autenticidad y no precisa”.

Con esas tesis, la Audiencia decide anular la medida. Pero, acto seguido, el ponente, Ricardo Bodas, abre un puñado de folios para afear a la empresa su conducta discriminatoria ante derechos consagrados en la Constitución. En una potente defensa de los derechos a la igualdad o la conciliación familiar y laboral, el magistrado señala que, salvo en la última reunión, Atento no debatió sobre la afectación de los trabajadores, “lo cual quiebra de manera frontal la exigencia de negociar de buena fe en materia tan delicada”.

Afirma que la compañía cambió el horario a trabajadores sin comprobar caso por caso y que la medida se aplicó “sobre un colectivo especialmente protegido, sobre el que no se ha hecho el más mínimo esfuerzo negociador“. “La empresa no negoció de buena fe y obstruyó las razones por las que quería aplicar la medida a trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de género (…) Esos trabajadores tienen derecho a elegir el periodo de reducción de jornada dentro de su jornada ordinaria”.

Así, según la última parte de los 35 folios de la sentencia, la Audiencia Nacional asegura que Atento “ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación por sexo, consagrados en el artículo 14 de la Constitución, y el derecho a la libertad sindical”.