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El Tribunal Supremo confirma la condena a 13 años y 3 meses de prisión al autor de una estafa piramidal de 390 millones de dólares con 186.000 perjudicados

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán C.S., por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado, en concurso ideal con un delito continuado de falsificación en documento mercantil , y delito de blanqueo de capitales por la estafa piramidal con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010. También se ha confirmado la condena de 3 años de prisión y multa de 900.000 euros impuesta a su compañera sentimental, Lina M.M., por blanqueo de capitales y asociación ilícita. La Sala ha desestimado el recurso de casación interpuesto por los dos condenados contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, además de las citadas penas, acordó el decomiso de los bienes incautados y la disolución de la mercantil de nacionalidad panameña Evolution MARKET Group Inc. Esa misma sentencia absolvió a otras dos acusados que fueron juzgados por estos hechos.

El tribunal rechaza la alegación en la que los recurrentes cuestionan la aplicación de los delitos por los que han sido condenados. Respecto al delito de asociación ilícita, afirma que ambos, junto a otros acusados contra los que no se sigue el juicio oral, “formaban una estructura material permanente para llevar a cabo una serie de actividades ilícitas, como lo es el complejo entramado formado a través de numerosas personas jurídicas, muchas de ellas, en paraísos fiscales, destinadas a continuar la actividad delictiva y a ocultar, a través de diversas operaciones mercantiles que el dinero de los inversores que había empecinado su inversión al mercado de divisas. Desde el inicio de las operaciones, desde la propia creación de las empresas, se organiza una trama para captar un dinero que revierta en el beneficio particular de los acusados. La sentencia explica, y el recurrente no discute, la exigencia de la estructura organizativa, la finalidad delictiva de la pluralidad de personas que la permanencia de la asociación dentro de una organización jerarquizada”.

En relación con el delito de estafa, el tribunal no comparte el motivo relativo a que no estaban acreditados los elementos del tipo, especialmente el dolo por parte del autor, y, en cuanto al delito de falsedad, afirma que “la documentación de operaciones de inversión en las que se captaban capitales ofreciendo una rentabilidad, reflejan operaciones mercantiles y por lo tanto cumple con las exigencias expuestas para su consideración de documento mercantil”.

La Sala también rechaza los motivos en los que los recurrentes alegaron la vulneración de la presunción de inocencia por falta de pruebas que acreditasen su participación en los hechos y del derecho al secreto de las comunicaciones debido a que en el volcado de los ordenadores que se hizo en el juzgado no estuvo presente el acusado, que estaba preso. Para el tribunal, el motivo carece de base atendible ya que los hechos aparecen determinados por las propias declaraciones de los acusados que “admiten la existencia de la actividad probatoria precisa cuando refieren que el núcleo esencial de la prueba de cargo que justifica la condena se deriva del registro policial de los correos electrónicos de los acusados”.

Añade que “si, como hemos dicho, la actividad probatoria de volcado de los ordenadores e intervención de los correos electrónicos es regular en su obtención, y lícita, el tribunal puede, como lo ha hecho, obtener su convicción a partir del contenido de esa actividad probatoria”. Del mismo modo, -afirma la Sala- “el análisis de los informes policiales confeccionados sobre la documentación intervenida permite la afirmación del relato fáctico con un análisis de los denominados contratos de inversión que cada uno de los perjudicados realizaba exponiendo las inversiones en distintos países con un entramado de empresas”.

Hechos probados

Los hechos probados recogen que los acusados en compañía de otras personas, decidieron crear una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. Según esos mismos hechos, el acusado, como promotor y máximo responsable de dicha estructura, se valió para ese fin de la mercantil “Evolution Market Group, Inc”, sociedad constituida en la República de Panamá, aunque la marca comercial utilizada para operar en el mercado de divisas era “Finanzas Forex”. Por su parte, la acusada se encargó de reinvertir las ganancias así obtenidas, ocultando su ilícita procedencia y la titularidad real de los activos, con la única finalidad de enriquecerse ilícitamente, aprovechando los contactos en su país de origen, Colombia.

Desde la fecha de su constitución y hasta el mes mayo de 2009, centró su actividad en el citado mercado de divisas “Forex”, captando a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a quienes se abonaban unos supuestos rendimientos con las aportaciones de los nuevos inversores, sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna, desviando, además, la inversión a otros mercados como el inmobiliario, el mercado del oro, los “commodities”, todo ello en contra lo dispuesto en las cláusulas contractuales que aquellos se veían obligados a firmar. “Las operaciones llevadas a cabo en el mercado de divisas no devengaron ganancia alguna, por lo que nunca hubo altas rentabilidades (tal y como se anunciaban) o de otro tipo, para poder repartir entre los clientes, ya que nunca se distribuyó de manera efectiva el beneficio obtenido por aquellos, o lo fue, en cantidades ridículas. Pese a ello, el acusado con la finalidad de mantener el engaño facilitó a los inversores extractos de movimientos ficticios y certificados de inversión con los que les hacían creer que habían obtenido ganancias en poco tiempo y que mantenían saldos positivos”, según los hechos probados.

La sentencia recurrida consideró acreditado que las supuestas ganancias de los inversores se sufragaban con las cantidades aportadas por los nuevos clientes, de forma que mientras la base de inversores de “Finanzas Forex” siguiera aumentando, los acusados disponían de fondos para mantener y acrecentar la ficción del negocio, y por ende la trama concebida. Además, recogió que la necesidad de ampliar permanentemente la base de los inversores, llevaba a los acusados a desarrollar una agresiva y engañosa publicidad, tanto a través de Internet, como en convenciones y reuniones presenciales, en los que ofrecían al público la posibilidad de obtener rendimientos de hasta el 20% mensual en el Plan de inversión más conservador, y que podrían llegar hasta el 40% en el llamado Plan variable, todo ello en el mercado de divisas “Forex”.

El juez deja en libertad con medidas cautelares a Hervé Falciani, reclamado por Suiza

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado este jueves la libertad provisional con medidas cautelares de Hervé Falciani, detenido ayer en Madrid en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención cursada por las autoridades de Suiza.

Las medidas cautelares acordadas por el juez consisten en presentaciones ante la autoridad judicial más próxima a su domicilio todos los lunes, prohibición de salida del territorio nacional, para lo que deberá entregar el pasaporte, así como la prohibición de abandonar el domicilio señalado por el reclamado y que cualquier viaje o salida de la localidad debe ser autorizada por la autoridad judicial.

Además, se oficia al alcalde de la localidad de residencia del reclamado para que la policía local realice vigilancia diaria de su domicilio, con notificación semanal al juzgado.

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos

La Sección Octava de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA y ha ordenado al juez que autorizó la entrada en el domicilio para llevar a cabo el desalojo que rectifique la parte dispositiva del auto e incluya en éste cautelas encaminadas a evitar situaciones de desprotección ante la eventual presencia de menores en la familia, con la advertencia de que se informe a los servicios sociales correspondientes para recabar su necesaria colaboración.

Con su decisión, los jueces, según se refleja en la sentencia, se apartan “respetuosamente” de la doctrina del Tribunal Supremo y señalan que el juicio de ponderación que se ha de adoptar en los supuestos de presencia de menores en los desalojos no afecta a la decisión de entrada, sino a la manera en que la administración debe ejecutar la misma.

El Tribunal Supremo, en un caso similar, ordenó al juzgado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la solicitud de desalojo por parte del IVIMA para no lesionar la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad en el proceso de desahucio, y ordenó también que se dictase una resolución suficientemente motivada que ponderase su situación personal, social y familiar, en la que, sin entrar en juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, se respondiera, teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles, sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores afectados por la decisión judicial.

La Sala del TSJ de Madrid entiende, sin embargo, que las circunstancias personales de precariedad y necesidad, por “muy atendibles que puedan ser en los ámbitos propios de los servicios sociales asistenciales de la administración”, no pueden servir para paralizar la concesión de entrada solicitada, ya que esta circunstancia convertiría al juez que tramita el asunto “no en un juez garante de la inviolabilidad del domicilio y de la ejecutividad del acto, sino en un juez revisor del acto mismo, alterando el sistema de ejecutividad de los actos administrativos”, al que sólo se le permitiría adoptar medidas en orden a la ejecución de entrada tendentes a la protección efectiva del menor.

En el asunto presente, se trata de una mujer que reside en una vivienda propiedad del IVIMA con una hija menor de edad, nacida en el año 2002, sobre la que perdió el derecho de uso tras el fallecimiento de su marido en 2004 al extinguirse la relación contractual

Condenado un empresario de la construcción por tener a 19 trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social

La Audiencia Provincial de Cáceres, en sentencia de conformidad, ha condenado a un empresario a la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio así como a multa del doble de la deuda, un total de 831.265 euros, con responsabilidad subsidiaria, pérdida de subvenciones o ayudas públicas durante 4 años y seis meses y costas.

Había constituido una sociedad en 2005 y llegó a tener un total de 19 trabajadores distintos sin abonar los correspondientes seguros sociales, abonando los sueldos en metálico, sin nóminas y sin los descuentos legales.

El TS revoca una sentencia que condenó a dos periodistas a indemnizar a un juez de Palma por intromisión en su honor tras la publicación de unos artículos

Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de les Illes Balears que confirmó una condena a dos periodistas y a la entidad Rey Sol S.A. a indemnizar con 45.000 euros a un magistrado de Palma de Mallorca por intromisión en su honor, por el contenido de artículos publicados en el periódico ‘El Mundo. El Día de Baleares’ y en un libro que hablaba sobre corrupción política en dichas islas.
El alto tribunal entiende que no existió la intromisión ilegítima en el honor del juez por tratarse de una crítica proporcionada ya que los hechos objetivos que sirvieron de soporte a la crítica se han mostrado sustancialmente veraces, y trataban sobre una materia de interés público que involucraba a personas con proyección pública.

El Supremo llega a esa conclusión tras analizar el ejercicio del derecho de crítica realizado por los demandados en reportajes de prensa y comentarios en un libro sobre la corrupción en Baleares, donde se hacían severas críticas en relación a la actividad profesional de un magistrado, instructor de una importante causa penal, de quien se ponía en duda su imparcialidad y se sugería que podría haber favorecido a una amiga suya, dirigente política, que estaba siendo investigada en esa causa.

La sentencia indica que al consistir los textos enjuiciados en informaciones y opiniones sobre la actividad profesional de un magistrado del orden jurisdiccional penal en relación con asuntos de corrupción que afectaban a personas que desempeñaban cargos políticos especialmente relevantes en la comunidad autónoma, “tiene una especial pertinencia al caso la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que eleva al máximo los límites de la libertad de información y de la libertad de expresión de la prensa.

Añade que los hechos que sustentaban las opiniones o críticas que la sentencia recurrida considera constitutivas de intromisión ilegítima revelaban, por un lado, la estrecha relación personal del demandante con personas sujetas a investigación penal en el juzgado del que era titular y, por otro, un comportamiento del demandante que cabe calificar de atípico al insistir en contar con el apoyo del fiscal para sobreseer provisionalmente las diligencias previas, personarse en la Agencia Tributaria intentando que se cambiara el sentido de su informe, convocar una rueda de prensa para explicarse ante los medios o entrevistarse con alguno de los demandados.

Por otro lado, la sentencia señala que no cabe desconocer la relevancia de que el sobreseimiento provisional se acordara en un tiempo ciertamente breve desde la reincorporación del demandante al Juzgado de Instrucción, que se hiciera en contra del criterio del Ministerio Fiscal, quien recurrió en reforma, y que se fundara en unos argumentos que fueron terminantemente rechazados por la Audiencia Provincial al centrarse esta no tanto en las disposiciones administrativas que formalmente darían cobertura a las subvenciones cuanto en que, materialmente, de los hechos se derivaban serios indicios de que se creaban unas asociaciones artificialmente para subvencionarlas mediante «importantes caudales públicos» que acababan destinándose al lucro personal.

“Crítica hiriente y feroz pero no ilegítima”

“Así las cosas, las opiniones y juicios de valor sobre el demandante que la sentencia recurrida considera constitutivos de intromisión ilegítima deben entenderse amparados por la libertad de expresión, porque si bien es cierto que integraban en conjunto una crítica que incluso cabría calificar de feroz, también lo es, por un lado, que no aparecían desconectados del ejercicio por el demandante de un poder del Estado en relación con la investigación de la corrupción pública en Baleares y, por otro, que mediante esas opiniones se contribuía a alertar al máximo a la opinión pública ante ese problema de la corrupción, uno de los que más alarma debe despertar en la sociedad”.

“En definitiva -señala el alto tribunal- decir del demandante que él mismo presumía «de ser un Aranzadi con patas»; considerarlo poco trabajador por el tiempo que dedicaba a una intensa vida social y, al mismo tiempo, resaltar la rapidez con que sin embargo había acordado el archivo de las actuaciones penales; o en fin, decir que el problema del demandante era que «su moral es laxa» por haber considerado disculpable que los fondos se distribuyeran entre pseudoasociaciones, podrá calificarse de hiriente, pero también de crítica no ilegítima en cuanto proporcionada al interés público del asunto y a la «función vital de perro guardián» de los medios de comunicación”.

La Audiencia de Castellón confirma el procesamiento de una médico por la muerte de un niño tras ir a urgencias

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Vila-real, que aprecia indicios para juzgar a una médico del Hospital de La Plana por la muerte de un niño de cuatro años al que atendió en el servicio de urgencias en diciembre de 2011.

La Sala rechaza la petición de archivo de la Fiscalía y del abogado de la doctora y confirma el auto de la instructora, que daba por concluida la investigación y dejaba la causa preparada para juicio.

La jueza de Vila-real aprecia indicios para juzgar a la investigada por una posible negligencia médica por no ordenar el ingreso del crío que, aquejado de una neumonía bacteriana, dificultad respiratoria y más de 39º de fiebre, falleció por asfixia.

Según la instructora la facultativa “no realizó más pruebas al menor, cuyo cuadro clínico reflejaba problemas respiratorios, ni solicitó la presencia de un especialista en pediatría, decidiendo no llevar a cabo el ingreso hospitalario del menor, ingreso que era procedente según el propio protocolo remitido por el Hospital de La Plana” de Vila-real.

En su auto, la Audiencia confirma el procesamiento de la médico de Urgencias y argumenta que “no puede descartarse a priori, tal y como pretende la parte apelante, la relación de causalidad entre la actuación de la doctora y el fallecimiento del menor, extremos que deberán serlo en el acto del juicio oral dada la existencia de indicios de una presunta negligencia médica por parte de la doctora investigada”.

La Sala confirma el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y emplaza a las partes para que presenten los escritos de acusación y digan si procede la apertura de juicio oral.

La Audiencia Nacional rechaza extraditar a un ciudadano de México reclamado por delincuencia organizada

El Pleno de la Sala de lo Penal de la audiencia Nacional ha confirmado la denegación de extradición a México del ciudadano de este país, Javier Nava, reclamado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita. El Pleno rechaza los recursos de súplica interpuestos por la Fiscalía y por la Procuraduría General de México y confirma la decisión que adoptó el 21 de septiembre de 2017 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, de denegar la entrega de esta persona. El auto incluye un voto particular del magistrado Jose Ricardo de Prada, favorable a conceder la extradición.

En línea con lo que ya señaló la Sección Tercera de la Sala de lo Penal el pasado 21 de septiembre, el Pleno considera que la documentación aportada por las autoridades mejicanas no cumple con el artículo 15.1 del Tratado bilateral de extradición existente entre los dos estados, puesto que “no dejaba lugar a dudas de la ausencia de hechos atribuidos al reclamado y que tal como dice el auto recurrido, solo se contaba con la incardinación en tipos penales varios”.

Ante esa ausencia de hecho alguno, el Pleno acuerda la denegación por motivos formales de la reclamación efectuada por las autoridades mexicanas, “sin incidirse en esta resolución en otras consideraciones distintas y sin perjuicio de poderse instar nueva reclamación extradicional por la República de los Estados Unidos Mexicanos”.
El magistrado Jose Ricardo de Prada firma un voto particular discrepante porque entiende que las autoridades mexicanas han cumplido con todos los requisitos extradicionales previstos en el tratado de extradición bilateral entre los dos estados.

Este juez argumenta que la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunció sin haber tenido acceso a toda la documentación, al encontrarse en el Ministerio de justicia la Nota Verbal enviada por los Estados Unidos de Méjico y que fue aportada posteriormente al procedimiento, en la fase de resolución del recurso de súplica ante el Pleno. Una vez analizada toda la documentación este magistrado concluye que existía “un relato breve y sintético pero suficientemente expresivo de los hechos, perfectamente válido a efectos de extradición”.

El TS confirma la sentencia que condenó a exvicealcaldesa de Fuenlabrada (Madrid) y a dos funcionarios por malversación de caudales públicos

La Sala de lo Penal ha confirmado la sentencia que condenó a 6 meses y un día de prisión a la exvicealcaldesa de Fuenlabrada Mª Teresa F.G. como autora de un delito de malversación de caudales públicos en cuantía inferior a 4.000 euros al considerar probado que utilizó medios del Ayuntamiento para realizar obras en su vivienda particular por un valor de 179,12 euros. Junto a ella también fueron condenados a la misma pena los funcionarios Francisco José H.G., que también era asesor de la Concejalía de Sostenibilidad, Obras Públicas, Mantenimiento Urbano y Edificios Públicos, y Victoriano A.L., responsable del alcantarillado de dicho municipio.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Francisco José H.G. y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -los otros dos acusados no recurrieron al Tribunal Supremo- que impuso la pena citada a los tres acusados. En su recurso alegaba que no se había acreditado el hecho de destinar los bienes públicos a fines privados ni una administración desleal del patrimonio público debido a que con las obras en la vivienda de la exvicealcaldesa se trataba de evitar filtraciones a la calle, por lo que puede considerarse que la finalidad de la misma era también pública.

Para el tribunal, “el argumento de la defensa ha de ser catalogado como un auténtico sofisma (entendiendo por sofisma un argumento aparentemente válido pero que en realidad enmascara una argucia basada en un razonamiento espurio)”. En efecto, añade la sentencia, “aquí la parte recurrente utiliza la premisa de que la obra a realizar en la vivienda de la coacusada tiene como fin beneficiar el interés público de los vecinos evitando que las aguas del referido inmueble encharquen la vía pública y dificulten el tránsito de los peatones. Oculta así el impugnante que el perjuicio de los ciudadanos que se pretende solventar tiene que ser costeado por la titular del inmueble que lo ha generado y no por el patrimonio municipal. Por lo tanto, vincula fin público con coste público en un caso en que el fin público que se pretende conseguir consiste en reparar un perjuicio en la vía pública generado por una conducta privada de una ciudadana, que es quien se halla obligada a costearlo”.

La Sala indica que “resulta obvio que al realizar la acusada, con la cooperación de los coacusados, una obra a la que está obligada personalmente utilizando para tal fin el patrimonio municipal, no cabe cuestionar que concurren todos los elementos correspondientes al delito de malversación de caudales públicos, ya sea éste entendido como sustracción del dinero público para realizar una obra privada, ya por haber destinado un dinero público a un fin privado, cual es el reparar la vivienda con el fin de no perjudicar a la generalidad de los vecinos que transitan por una vía pública.

Por todo ello, concluye que el Tribunal del Jurado contó con una prueba de cargo claramente incriminatoria y de una coherencia y solidez que permite calificarla como prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado, sin que las impugnaciones de la parte recurrente centradas en la falta de veracidad de las declaraciones del coimputado Victoriano y las manifestaciones de la coimputada Mª Teresa devalúen o desvirtúen la consistencia del material probatorio de cargo.

Los hechos objeto de la condena ocurrieron cuando la exvicealcaldesa recibió por escrito de 5 de mayo de 2012 un requerimiento de la arquitecta técnica del Ayuntamiento para que efectuara en su casa las obras necesarias para evitar las filtraciones de agua que se producían en los muros de cerramiento de determinadas parcelas de la Comunidad de Propietarios que molestaban a los vecinos.

Según el relato de hechos probados, “la acusada, en interés personal y en su propio beneficio”, encargó verbalmente la realización de las obras al acusado Victoriano, que aceptó el encargo después de consultar al acusado Francisco José H.G., quien ordenó su realización, “a pesar de conocer que se trataba de la vivienda particular de la acusada y que en ellas se iban a emplear medios humanos y materiales pertenecientes al Ayuntamiento de Fuenlabrada”. Un hermano del acusado Victoriano comenzó a realizar las obras que fueron paralizadas por la Policía Local. El importe de las mismas hasta ese momento era de 179,12 euros que, según los hechos probados, no han sido devueltos por los acusados al Ayuntamiento de Fuenlabrada.

El Tribunal Supremo confirma las condenas de los miembros de la Cooperativa CAVAL de Valdelacalzada (Badajoz)

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado 23 años de prisión para el exgerente de la cooperativa CAVAL de Valdelacalzada (Badajoz) por delitos de administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad contable, apropiación indebida, y tres delitos contra la Hacienda Pública. El Supremo rechaza el recurso de dicho acusado, así como los presentados por los otros dos condenados en la misma causa, el excomercial de la cooperativa y su esposa.

También confirma las condenas que estableció la Audiencia Provincial de Badajoz el 11 de enero de 2016 contra estos dos últimos: 4 años de cárcel para el primero por apropiación indebida y 3 años para la esposa.

Igualmente se establece que el principal acusado debe indemnizar con 10,8 millones de euros a la cooperativa CAVAL, en concurso de acreedores; con 960.000 euros a la Agencia Tributaria y con 530.000 euros a la Junta de Extremadura.

El Tribunal Supremo rechaza que exhibir una pancarta que pone “terrorismo empresarial” vulnere el honor de la empresa

La Sala de lo Social del tribunal Supremo ha señalado que un sindicato no vulneró el derecho al honor de una empresa por exhibir pancartas acusándola de “terrorismo empresarial”, ante una supuesta cesión ilegal de trabajadores, aunque precisa que se trató de una acción ilegítima y censurable.

La sentencia admite que es una expresión de injustificada dureza pero reconoce que su uso ocupa un lugar común en la sociedad ya que se emplea habitualmente para descalificar determinadas actuaciones empresariales por sindicatos e incluso por partidos políticos.

El origen del conflicto está en una denuncia por cesión ilegal interpuesta el 2 de marzo de 2015 contra DHL y C&J por tres trabajadores que estaban contratados formalmente por esta última empresa. Una semana más tarde, CNT Sindicat D’Oficis Varis de Barcelona notificó la constitución de una sección sindical, formada por los tres empleados, a DHL que, rechazó la medida porque consideró que ninguno de ellos era personal suyo. El 25 de marzo de 2015, C&J les comunicó el despido por causas objetivas basándose en la extinción del contrato que ella tenía con DHL.

A partir de ese momento y hasta octubre de 2015, en diversas concentraciones convocadas por CNT, afiliados de dicho sindicato aprovecharon diversos actos empresariales y sindicales en los que exhibieron pancartas y repartieron octavillas con el texto “DHL Terrorismo Patronal”, y denunciaron, además, la “precariedad laboral y cesión ilegal de trabajadores en DHL” o la “represión sindical”. El mismo sindicato envió correos electrónicos a clientes de la empresa demandante explicando el conflicto de los trabajadores de “C&J” y sus relaciones con “DLH”, y acusándolas pública y judicialmente de tráfico ilegal de trabajadores.

La Audiencia Nacional rechazó la demanda presentada por DHL en la que solicitaba a CNT el pago de una indemnización por daños morales y el cese de la conducta del sindicato por infringir su derecho al honor.
El Tribunal Supremo confirma la sentencia recurrida y expresa su “plena coincidencia con la Audiencia Nacional cuando afirma que si bien la expresión “terrorismo patronal” presenta injustificada –rectius, ilegítima- dureza y como tal es censurable, de todas formas no alcanza a integrar vulneración del derecho al honor”.

Libertad de expresión de los sindicatos

La sentencia recuerda que aunque de una interpretación literal del artículo 28.1 de la Constitución pueda deducirse que la libertad sindical se reduce a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, una interpretación sistemática del mismo artículo y del 7 de la CE lleva a entender que también tiene una vertiente funcional que supone el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores.

En suma, concreta la Sala, “a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponde, y entre ellos se encuentra “el empleo de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información respecto de cualquier asunto que pueda tener una repercusión directa o indirecta en las relaciones laborales”.

En este caso, afirman los magistrados, se trata de una persona jurídica por lo que, de acuerdo con la doctrina anterior, ha de relativizarse cualquier posible vulneración del honor, sobre todo, cuando la empresa ha reconocido que ni ha sufrido perjuicios materiales ni ha perdido clientela, lo que demuestra que ese aspecto -trascendencia- y su consiguiente “honor” como persona jurídica han quedado incólumes.

Otro aspecto valorado por la Sala es el contexto en el que se produce el empleo de la polémica expresión y que es el de una confrontación laboral prolongada y relativa a extremos -supuesto prestamismo laboral- que de resultar ciertos ofrecerían innegable gravedad (laboral e incluso penal) justificativa de una enérgica respuesta sindical, como la que se plantea en este caso, aunque sin improperios.

Por último, indica la sentencia, se ha devaluado socialmente el significado de la locución “terrorismo empresarial”, convirtiéndose en una crítica dura, pero sin que ninguna persona razonable lo asocie propiamente con el concepto de terrorismo.