Sentencias Judiciales

La Audiencia de Castellón confirma el procesamiento de una médico por la muerte de un niño tras ir a urgencias

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Vila-real, que aprecia indicios para juzgar a una médico del Hospital de La Plana por la muerte de un niño de cuatro años al que atendió en el servicio de urgencias en diciembre de 2011.

La Sala rechaza la petición de archivo de la Fiscalía y del abogado de la doctora y confirma el auto de la instructora, que daba por concluida la investigación y dejaba la causa preparada para juicio.

La jueza de Vila-real aprecia indicios para juzgar a la investigada por una posible negligencia médica por no ordenar el ingreso del crío que, aquejado de una neumonía bacteriana, dificultad respiratoria y más de 39º de fiebre, falleció por asfixia.

Según la instructora la facultativa “no realizó más pruebas al menor, cuyo cuadro clínico reflejaba problemas respiratorios, ni solicitó la presencia de un especialista en pediatría, decidiendo no llevar a cabo el ingreso hospitalario del menor, ingreso que era procedente según el propio protocolo remitido por el Hospital de La Plana” de Vila-real.

En su auto, la Audiencia confirma el procesamiento de la médico de Urgencias y argumenta que “no puede descartarse a priori, tal y como pretende la parte apelante, la relación de causalidad entre la actuación de la doctora y el fallecimiento del menor, extremos que deberán serlo en el acto del juicio oral dada la existencia de indicios de una presunta negligencia médica por parte de la doctora investigada”.

La Sala confirma el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y emplaza a las partes para que presenten los escritos de acusación y digan si procede la apertura de juicio oral.

El Tribunal Supremo confirma las condenas de los miembros de la Cooperativa CAVAL de Valdelacalzada (Badajoz)

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado 23 años de prisión para el exgerente de la cooperativa CAVAL de Valdelacalzada (Badajoz) por delitos de administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad contable, apropiación indebida, y tres delitos contra la Hacienda Pública. El Supremo rechaza el recurso de dicho acusado, así como los presentados por los otros dos condenados en la misma causa, el excomercial de la cooperativa y su esposa.

También confirma las condenas que estableció la Audiencia Provincial de Badajoz el 11 de enero de 2016 contra estos dos últimos: 4 años de cárcel para el primero por apropiación indebida y 3 años para la esposa.

Igualmente se establece que el principal acusado debe indemnizar con 10,8 millones de euros a la cooperativa CAVAL, en concurso de acreedores; con 960.000 euros a la Agencia Tributaria y con 530.000 euros a la Junta de Extremadura.

El Tribunal Supremo rechaza que exhibir una pancarta que pone “terrorismo empresarial” vulnere el honor de la empresa

La Sala de lo Social del tribunal Supremo ha señalado que un sindicato no vulneró el derecho al honor de una empresa por exhibir pancartas acusándola de “terrorismo empresarial”, ante una supuesta cesión ilegal de trabajadores, aunque precisa que se trató de una acción ilegítima y censurable.

La sentencia admite que es una expresión de injustificada dureza pero reconoce que su uso ocupa un lugar común en la sociedad ya que se emplea habitualmente para descalificar determinadas actuaciones empresariales por sindicatos e incluso por partidos políticos.

El origen del conflicto está en una denuncia por cesión ilegal interpuesta el 2 de marzo de 2015 contra DHL y C&J por tres trabajadores que estaban contratados formalmente por esta última empresa. Una semana más tarde, CNT Sindicat D’Oficis Varis de Barcelona notificó la constitución de una sección sindical, formada por los tres empleados, a DHL que, rechazó la medida porque consideró que ninguno de ellos era personal suyo. El 25 de marzo de 2015, C&J les comunicó el despido por causas objetivas basándose en la extinción del contrato que ella tenía con DHL.

A partir de ese momento y hasta octubre de 2015, en diversas concentraciones convocadas por CNT, afiliados de dicho sindicato aprovecharon diversos actos empresariales y sindicales en los que exhibieron pancartas y repartieron octavillas con el texto “DHL Terrorismo Patronal”, y denunciaron, además, la “precariedad laboral y cesión ilegal de trabajadores en DHL” o la “represión sindical”. El mismo sindicato envió correos electrónicos a clientes de la empresa demandante explicando el conflicto de los trabajadores de “C&J” y sus relaciones con “DLH”, y acusándolas pública y judicialmente de tráfico ilegal de trabajadores.

La Audiencia Nacional rechazó la demanda presentada por DHL en la que solicitaba a CNT el pago de una indemnización por daños morales y el cese de la conducta del sindicato por infringir su derecho al honor.
El Tribunal Supremo confirma la sentencia recurrida y expresa su “plena coincidencia con la Audiencia Nacional cuando afirma que si bien la expresión “terrorismo patronal” presenta injustificada –rectius, ilegítima- dureza y como tal es censurable, de todas formas no alcanza a integrar vulneración del derecho al honor”.

Libertad de expresión de los sindicatos

La sentencia recuerda que aunque de una interpretación literal del artículo 28.1 de la Constitución pueda deducirse que la libertad sindical se reduce a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, una interpretación sistemática del mismo artículo y del 7 de la CE lleva a entender que también tiene una vertiente funcional que supone el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores.

En suma, concreta la Sala, “a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponde, y entre ellos se encuentra “el empleo de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información respecto de cualquier asunto que pueda tener una repercusión directa o indirecta en las relaciones laborales”.

En este caso, afirman los magistrados, se trata de una persona jurídica por lo que, de acuerdo con la doctrina anterior, ha de relativizarse cualquier posible vulneración del honor, sobre todo, cuando la empresa ha reconocido que ni ha sufrido perjuicios materiales ni ha perdido clientela, lo que demuestra que ese aspecto -trascendencia- y su consiguiente “honor” como persona jurídica han quedado incólumes.

Otro aspecto valorado por la Sala es el contexto en el que se produce el empleo de la polémica expresión y que es el de una confrontación laboral prolongada y relativa a extremos -supuesto prestamismo laboral- que de resultar ciertos ofrecerían innegable gravedad (laboral e incluso penal) justificativa de una enérgica respuesta sindical, como la que se plantea en este caso, aunque sin improperios.

Por último, indica la sentencia, se ha devaluado socialmente el significado de la locución “terrorismo empresarial”, convirtiéndose en una crítica dura, pero sin que ninguna persona razonable lo asocie propiamente con el concepto de terrorismo.

La Audiencia Nacional falla contra la empresa Atento por vulnerar los derechos de 861 mujeres con reducción de jornada

La Audiencia Nacional ha anulado una reorganización laboral ejecutada por Atento, una empresa de marketing contratada por Telefónica que cuenta con 2.789 empleados, al estimar que vulneró el derecho a la igualdad y a la no discriminación por sexo de 861 trabajadoras que tenían reducción de jornada por cuidado de hijos o, en algunos casos, por razones de violencia de género.

Además, el tribunal entiende que la compañía “no negoció de buena fe” con los representantes de los trabajadores, no aportó la documentación pertinente, no debatió sobre la situación de las empleadas “en materia tan delicada” y obstruyó las razones por las que quería aplicar la medida a las trabajadoras con jornada reducida por guarda legal o violencia machista.

Por razones de productividad, la empresa pretendió modificar las condiciones de trabajo de atención al público partiendo en dos la jornada de los empleados y empleadas que la tenían reducida y mantuvo su idea pese a las cinco reuniones celebradas con sindicatos en ocho comunidades autónomas durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. Sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, firmada el pasado lunes 13 de febrero, dictamina que hubo una “falta absoluta de criterios selectivos, especialmente para trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de género“, sostiene que durante el periodo de consultas la empresa se negó a negociar la situación de las trabajadoras con reducción de jornada, estima la demanda de los sindicatos y ordena eliminar el cambio acometido por la empresa.

“Es muy significativo el pronunciamiento del juez sobre la actuación de la empresa hacia sus empleadas y el derecho a la conciliación, porque, aunque no estaba obligado a hacerlo, ya que había decretado la nulidad por causas formales, el ponente apercibe a Atento por actuar con mala fe en una negociación laboral donde hay circunstancias como el cuidado de hijos o mayores dependientes y medidas de protección por violencia de género”. Lo dice la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que también está implantada en el sector privado, y es una de las 10 organizaciones sindicales que demandaron a la empresa subcontratada por Telefonica.

Cambio de horario de atención al público

El conflicto arranca el 30 de septiembre de 2016, cuando Telefónica informa a Atento de que a partir del 14 de noviembre va a reestructurar el horario de “atención al gran público” circunscribiéndolo de 9.00 horas a 22.00 horas. Diez días después, el 10 de octubre, Atento comunica a las secciones sindicales estatales y los comités de empresa de los centros de trabajo de Barcelona, Bilbao, Córdoba, A Coruña, Jaén, León, Lleida, Madrid, Sevilla, Toledo y Valencia su intención de acometer una “modificación sustancial” de condiciones de trabajo en materia de jornada, horarios y sistema de libranza que afectaría inicialmente a un millar de trabajadores invocando causas productivas y organizativas, según la sentencia.

Durante ese periodo de consultas entre empresa y sindicatos, 39 hombres y 861 mujeres tenían jornada reducida por guarda legal o violencia de género y otras 84 peticiones de reducción de jornada fueron suspendidas por Atento.

Tras cinco reuniones entre la empresa y los sindicatos, Atento comunica que ejecutará la medida a partir del 14 de noviembre, fecha que había fijado Telefonica.

Los 10 sindicatos presentaron una demanda de conflicto colectivo, razón por la que se enfrentaron a la empresa en la Audiencia Nacional. Mientras los representantes de los trabajadores adujeron discriminación y no justificación de la modificación en razones productivas, la compañía aseguró que sí negoció, que lo argumentó, que aportó documentación, que ofreció pactos individuales e incluso que Telefónica había comunicado sus reducciones de servicio a otros proveedores y que éstos habían llegado a acuerdos.

Falta de información

Sin embargo, la sentencia afirma que Atento se limitó a dar información cuantitativa siendo exigible una cualitativa. “Atento decidió ahorrarse la elaboración de una memoria, para que los representantes de los trabajadores pudieran comprender los problemas y las soluciones, y de un informe técnico que acreditara la concurrencia de los cambios organizativos”, escriben los tres magistrados.

La sentencia es tan dura con la compañía que subraya que no sólo no explicó las fuentes de sus datos, sino que “tenía más interés en convencer al tribunal que a los representantes de los trabajadores”. Y remata asegurando que Atento dio a los sindicatos información “ingente”, pero “sin autenticidad y no precisa”.

Con esas tesis, la Audiencia decide anular la medida. Pero, acto seguido, el ponente, Ricardo Bodas, abre un puñado de folios para afear a la empresa su conducta discriminatoria ante derechos consagrados en la Constitución. En una potente defensa de los derechos a la igualdad o la conciliación familiar y laboral, el magistrado señala que, salvo en la última reunión, Atento no debatió sobre la afectación de los trabajadores, “lo cual quiebra de manera frontal la exigencia de negociar de buena fe en materia tan delicada”.

Afirma que la compañía cambió el horario a trabajadores sin comprobar caso por caso y que la medida se aplicó “sobre un colectivo especialmente protegido, sobre el que no se ha hecho el más mínimo esfuerzo negociador“. “La empresa no negoció de buena fe y obstruyó las razones por las que quería aplicar la medida a trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de género (…) Esos trabajadores tienen derecho a elegir el periodo de reducción de jornada dentro de su jornada ordinaria”.

Así, según la última parte de los 35 folios de la sentencia, la Audiencia Nacional asegura que Atento “ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación por sexo, consagrados en el artículo 14 de la Constitución, y el derecho a la libertad sindical”.

El Tribunal Supremo acuerda la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, al resolver un recurso de casación del BBVA, ha adaptado la jurisprudencia de la Sala sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a las sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016.

En consecuencia, la Sala ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad total.

Por otra parte, el Pleno ha desestimado también hoy un recurso de casación que pretendía la nulidad de un cláusula suelo dela Caja Rural de Teruel por falta de transparencia, al concluir que en este caso cumplía los requisitos de transparencia establecidos por su jurisprudencia desde la sentencia de 9 de mayo de 2013.